Desde el retorno de la democracia en diciembre de 1983 -o quizás desde antes, cuando en plena dictadura algunos sectores políticos “progresistas” propugnaban la confluencia cívico-militar como una salida viable al marasmo del terrorismo de Estado- se verifica en el seno de la militancia la existencia de un debate inconcluso signado por el posibilismo.

Sobre la crisis ambiental mucho se ha dicho y escrito y seguramente mucho más es lo que en un futuro inmediato se seguirá diciendo o comunicando. La profusión de noticias sobre un caso puntual, amenaza cada tanto convertirse en una catarata o alud casi incontenible, que en poco tiempo, colmata gran parte de los espacios informativos y comunicacionales.

El “Caso Papel Prensa” actualiza un debate raigal de la democracia que, como es usual, ha derivado en inflexibles enfrentamientos. En este marco resulta legítimo —y hasta obligatorio— tomar partido.

El 14 de junio de 2004, catorce mineros argentinos fueron devorados por la mina de carbón de Río Turbio. Dos semanas después fueron rescatados sus cuerpos sin vida. Habían muerto calcinados, bajo toneladas de carbón, en la oscuridad más absoluta de la mina y, luego, del olvido del país. No se aprendió demasiado de esa tragedia y, por supuesto, no se conoce la condena de los responsables.

Escribo estas líneas firmemente apoyado en más de cincuenta años de periodismo sin traición a mis principios. Y desde esa trinchera es que debo decir públicamente que ahora, más que en cualquier otro momento, siento orgullo y profunda satisfacción ante el hecho de que Clarín, La Nación y Papel Prensa comiencen a ser despojados de ese manto de impunidad que les ha permitido conformar, a mi criterio, la más poderosa mafia.